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Declaracion pre-electoral sobre las elecciones en Nicaragua, octubre de 25 del 2000
25 Oct 2000


El Centro Carter ha seguido de cerca el desarrollo de los procesos electorales en Nicaragua desde 1989, incluyendo la reforma de la ley electoral EN enero del 2000 y la subsiguiente reorganización del Consejo Supremo Electoral (CSE). El Centro ha sido invitado por el CSE, tal como en 1990 y 1996, a monitorear las elecciones municipales programadas para el 5 de noviembre del 2000. Con el objeto de comprender mejor las condiciones para el voto municipal y los procesos relacionados con las elecciones presidenciales del 2001, el Centro envió una delegación de tres expertos en elecciones a Managua, Nicaragua, del 26 de septiembre al 1o. de octubre del 2000.

Esta misión de estudio fue dirigida por la Dra. Shelley McConnell, subdirectora del Programa para América Latina y el Caribe del Centro Carter, y estuvo acompañada por el Dr. George Vickers, director del Washington Office on Latin America (WOLA) y por el Dr. Luis Alberto Cordero, ex-director del Centro de Asistencia para la Promoción Electoral (CAPEL). El equipo se reunió con las autoridades electorales, con representantes de los cuatro partidos políticos que compiten a nivel municipal, con tres candidatos para la alcaldía de Managua, dos grupos de la sociedad civil que buscan establecerse como partidos políticos para la elección presidencial, con la ex-presidente Violeta Chamorro, con observadores nacionales y extranjeros y con los medios de comunicación.

Nicaragua enfrenta actualmente una prueba de importancia crucial para la comunidad internacional de naciones democráticas. Por primera vez, Nicaragua celebrará elecciones locales en fecha separada de la elección nacional, y se espera que el resultado sea determinante para el contexto político en que se desarrollarán las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Las reformas constitucionales y electorales que entraron en vigor en enero pasado cambiaron el marco institucional electoral, y la votación de noviembre proporcionará importante evidencia sobre el impacto de estos cambios en la democracia nicaraguense. Muchas de las decisiones que tome el CSE sentarán precedentes que podrían influír las elecciones nacionales del 2001, incluyendo las decisiones que se atañen al personal que integre la autoridad electoral local.

 

El contexto legal e institucional para las elecciones
El primer punto de análisis es el impacto del nuevo marco legal sobre el proceso electoral y su aplicación consistente para con todos los ciudadanos. El efecto general de las reformas de enero del 2000, como lo describen informes previos de International IDEA y de las Naciones Unidas, era el de reducir el número de partidos políticos participantes en las elecciones.

Las reformas constitucionales y electorales de enero del 2000 sitúan la administración de las elecciones en manos de sólo dos partidos, y algunos ciudadanos informaron al equipo del Centro Carter que temían que las autoridades conspiraran para excluír a otros grupos. Más específicamente, las reformas aumentaron el tamaño del CSE y resultaron en un cambio de su dirigencia. Los nuevos nombramientos se decidieron siguiendo líneas de los partidos, lo que originó inquietudes de que el CSE fuera a conducir las elecciones de manera partidista.

Estas inquietudes se ampliaron por el hecho de que ese carácter partidario de las autoridades electorales se extiende hasta los Consejos Electorales Municipales y Departamentales, lo cual puede influír en la formación y funcionamiento de la Juntas Receptoras de Votos. Durante las entrevistas realizadas por el equipo del Centro Carter, algunos nicaraguenses dijeron estar aliviados porque los dos partidos rivales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), comparten el control del CSE y por tanto pueden controlar mutuamente su comportamiento partidista. Sin embargo, otros expresaron preocupación de que los dos partidos se hayan aliado en detrimento de terceros partidos. En el pasado, las más altas autoridades electorales de Nicaragua se han guiado por el principio democrático de la inclusividad donde la ley lo permitiera.

Recomendamos que para futuras elecciones, los nicaraguenses formen una administración electoral profesional, no partidaria, de neutralidad fuera de toda sospecha. En ausencia de tal estructura, y para asegurar a los ciudadanos que las autoridades electorales sirven al público y no a intereses particulares, es esencial que las deliberaciónes y las acciones de las autoridades electorales sean altamente transparentes, y sujetas a verificación a través de observadores electorales. Merece reconocimiento, por lo tanto, que el CSE haya invitado a todos los partidos políticos reconocidos que nombren agentes para monitorear algunos elementos de sus actividades. Les alentamos a que el CSE someta sus decisiones más importantes al escrutinio público por medio de la difusión de las actas de sus reuniones, incluyendo por qué o quién votó cada miembro.

Es también digno de reconocimiento que el gobierno de Nicaragua haya invitado a la Organización de los Estados Americanos, al Centro Carter y a otras organizaciones internacionales para observar las elecciones municipales este año. También el gobierno se está preparando para acreditar hasta ocho mil observadores nacionales de Etica y Transparencia, del Consorcio Civil para la Educación, Análisis y Observación Electoral y de otros grupos. Durante nuestra visita, fuimos informados que los observadores nacionales deben obtener sus credenciales ante los Consejos Departamentales y no los Municipales, lo que implica emprender difíciles desplazamientos hasta las sedes departamentales. Hacemos un llamado al CSE para que haga lo necesario para facilitar la distribución de credenciales a los observadores nacionales, y para garantizarles el acceso necesario para observar los procesos electorales a todos los niveles, no únicamente a nivel local.

 

Preparativos Electorales Municipales
Nicaragua está bien encaminada para realizar elecciones municipales que podrían satisfacer los estándares internacionales para elecciones libres y justas. Los nicaraguense esperan que su voto sea secreto. Se enfrentan a una toma de decisión significativa y clara frente a partidos rivales, cuatro de los cuales presentarán candidatos para las elecciones municipales. El Centro Carter hizo algunas investigaciones sobre inquietudes expresadas en los medios de comunicación, encontrando diferentes niveles de urgencia entre ellas. Se han registrado acontecimientos preocupantes que deberían remediarse cuanto antes. En el espíritu de brindar apoyo al desarrollo democrático en Nicaragua, ofrecemos algunas recomendaciones sobre cómo podría procederse.

Algunos nicaraguenses manifestaron su inquietud de que las boletas de votación no estuvieran imprimidas a tiempo para las elecciones del 5 de noviembre. El CSE nos informó que el contratista había conseguido una impresora adicional para cumplir con la fecha prometida, y que un plan de contingencia existía para el caso eventual en que una máquina fallara. Nicaragua ya terminó de imprimir las boletas electorales. Una inquietud relacionada con la anterior es que la compra de la máquina por el CSE podría prestarse a fraude, sin embargo, las boletas pueden estar protegidas si están apropiadamente enumeradas y si son embaladas y expedidas frente a fiscales. Todos los partidos reconocidos han sido invitados a nombrar agentes para monitorear la producción, el embalaje y el transporte de las boletas.

La mayoría de los adultos nicaraguenses tendrán una credencial con la que pueden votar el día de los comicios. De los 2,786,530 electores, aproximadamente 450,000 tendrán que usar un documento substituto supletorio. Este número, lamentablemente, es demasiado alto dado el tiempo y los recursos empleados en los últimos años para que los electores procuraran su credencial permanente. Esto, sin embargo no debería poner en entredicho la votación en el caso en que los ciudadanos reciban sus documentos a tiempo. Al momento de nuestra gira, aproximadamente 200,000 electores no habian retirado aún sus credenciales de las autoridades electorales.

El equipo del Centro Carter recibió garantías de que se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para contactar a esos electores a través del servicio postal, y para animarlos a recoger el documento que los identifique. Aunque es responsabilidad del CSE notificar a los ciudadanos cuando sus credenciales están listas, en vista del poco tiempo que resta para la elección, hacemos un llamado urgente para que esta lista se haga pública para que los partidos políticos y las organizaciones cívicas puedan ayudar avisando a los electores, y ayudándoles a superar inconvenientes logísticos que les impidan retirar su documento.

Al comenzar la campaña, los partidos no presentaron ninguna queja sobre violencia o intimidación relacionada con las elecciones, como había sido el caso en los noventas. Informes recientes sobre disturbios en varios barrios sugieren que el clima electoral podria estar deteriorandose. Por este motivo, pedimos a los candidatos que conserven un discurso positivo y que exigan a sus simpatizantes que se comporten pacíficamente.

El Canal 2 reportó que las autoridades electorales les habían pedido que no se transmitiera un anuncio del Partido Conservador. Se nos informó que ese incidente se había resuelto satisfactoriamente y los candidatos nos dijeron que habían podido transmitir sus mensajes al público a través de mítines y de los medios de comunicación. Nuestra preocupación para con los medios radica en los efectos represivos, a largo plazo, sobre los medios de oposición, ejercidos por las autoridades responsables de la recaudación de impuestos y del instituto de seguridad social. Apoyamos la aplicación rigurosa de la recaudación de impuestos, pero confiamos en que no se aplicará de manera punitiva, o de forma tal que parezca querer influír en el proceso electoral. Naturalmente, la ley fiscal debe aplicarse por igual a todos los medios sin importar sus simpatías políticas.

El financiamiento de las campañas es otra área de preocupación de nuestro equipo de evaluación. Esta ley ha sido reformada de tal forma que las contribuciones del Estado se otorgan como reembolsos después de las elecciones y no como adelantos. Carentes de fondos públicos para la campaña, los partidos tienen que obtener sus propios recursos. Sabemos que los servidores públicos han sido invitados a hacer aportaciones al partido en el poder, las cuales serán deducidas directamente de sus fichas de pago. Mientras que respetamos el derecho de todo ciudadano a contribuír al partido de su elección, y comprendemos que la participación en tal programa es voluntaria, este hecho confunde las líneas entre el Estado y el partido de manera inquietantemente similar a la de los años revolucionarios en Nicaragua. Hacemos un firme llamado al PLC y al gobierno para que ponga fin a esta práctica.

Además, se nos informó que los observadores electorales de los partidos no recibirán pagos del Estado por su trabajo en la jornada electoral, y entendemos que algunos partidos no serán capaces de contar con observadores en el 100% de los centros de votación, porque carecen de fondos para transporte y alimentos. Dos partidos políticos con representación minoritaria en la administración electoral nos dijeron que esperaban que se cometieran algunos fraudes durante la jornada electoral a nivel de las mesas de votación y de los Consejos Electorales Municipales, así como durante la transmisión del voto.

Los escenarios para el fraude nos parecieron poco detallados y poco creíbles, en vista de que los funcionarios de los centros de votación darán a conocer públicamente los resultados de cada mesa en cuanto haya terminado el conteo. Sin embargo, dado a su preocupación, los partidos deberían proponer nombres para ocupar los puestos corespondientes an la JRV, aún cuando el puesto que ocupen sea el de segundo miembro, una limitación que El Centro Carter lamenta. Los resultados de centros que no hayan sido monitoreados estarán sujetos a sospechas y rumores, y por lo tanto es del interés de las autoridades electorales eliminar cuaquier obstaculo a la inclusion de un tercer partido en las JRVs.

El CSE también se beneficiará con que los observadores nacionales obtengan su acreditación lo antes posible, reciban entrenamiento completo y estén presentes especialmente en aquéllos centros de vota donde algunos partidos no hayan podido enviar representantes. Aplaudimos los esfuerzos de las organizaciones de observadores nacionales para coordinar su presencia. Hacemos un llamado a que sólo quienes cuenten con asesoría técnica adecuada realicen conteos rápidos, y que otras personas se dediquen a tareas de igual importancia como es la observación cualitativa en las mesas de votación, centros de conteo, y en el transporte y almacenaje de los materiales de votación y las boletas. Tomamos nota de que el CSE afirma que realizará simulacros para probar el sistema de transmisión de resultados entre el 20 y el 30 de octubre. La conclusión exitosa de esos simulacros bajo observación nacional y extranjera aumentaría la confianza en la transparencia del proceso electoral.

 

Preparativos para la Elecciones Nacionales
La inscripción de los partidos políticos y de los candidatos para las elecciones municipales ha sido un tema controversial, en especial el hecho de que Pedro Solórzano haya sido excluido de presentar su candidatura como alcalde de Managua por el Partido Conservador. Es importante que acontecimientos de este tipo no ensombrezcan las elecciones presidenciales.

Los grupos que desean formar partidos políticos para proponer candidatos en las elecciones nacionales del año próximo deben recibir la aprobación del CSE antes del 4 de noviembre del 2000. Esta fecha temprana representa una carga administrativa para el CSE, cuyo personal está ya sobrecargado por el esfuerzo de realizar las elecciones municipales el 5 de noviembre. En particular, las autoridades electorales deben certificar la formación por parte de los nuevos aspirantes a partidos de juntas directivas en cada municipio y tienen que revisar las solicitudes de estatuto partidario, incluyendo la verificación de firmas del 3% de votantes inscritos, así como determinar que ninguna de tales firmas haya sido usada para apoyar a otro partido.

Esta responsabilidad recae sobre el CSE por dos razones. Primero, por la decisión del poder legislativo de reformar la ley con menos de un año de antelación a la fecha límite para formar nuevos partidos. Tal decisión dejó muy poco tiempo para organizarlos, especialmente porque la ley aumentó los requisitos para la inscripción de partidos nuevos, convirtiendo la ley electoral de Nicaragua en una de las leyes más estrictas en esta materia en toda América Latina. Segundo, por la propia interpretación de la ley por el CSE, que resultó en un proceso de verificación de firmas aún más complejo. También el CSE suspendió brevemente la formación de las juntas municipales de partidos y cambió las reglas al exigir que estas fueran certificadas por los Consejos Electorales Departamentales en vez de los Municipales.

Aun cuando rechazó las solicitudes de varios partidos que participaron en las elecciones de 1996, el CSE aprobó la solicitud del Partido Conservador tras una decisión clave en la cual aceptó huellas digitales como firmas válidas, con el fin de llenar el requisito de contar con el apoyo del 3% de votantes inscritos. Hasta la fecha, sólo un grupo que no compitió en 1996 ha presentado los requisitos para convertirse en partido político para las elecciones presidenciales, el Movimiento de Unidad Nacional. Aunque el plazo es reducido, el CSE tiene el deber cívico de considerar su solicitud, tarea que inició el 11 de octubre. También autorizó al Movimiento de Unidad Nacional para nombrar dos agentes del partido para supervisar la revisión de la solicitud, e invitó a partidos reconocidos y observadores electorales a hacer lo mismo.

Esta decisión es encomiable, especialmente porque el CSE indicó su disposición de aportar personal adicional para terminar la revisión. Para que estos esfuerzos no sean en vano, hacemos un llamado al CSE para que anuncie públicamente su compromiso de concluír el proceso de revisión antes del 4 de noviembre del 2000, y que mantenga abiertos los canales de comunicación con el Movimiento de Unidad Nacional a lo largo del proceso para que cualquier obstáculo pueda ser superado. Además, la ley debe ser aplicada equitativamente a todos.

El deseo de Nicaragua de limitar el número de partidos políticos a aquéllos que tienen una expectativa razonable de apoyo es comprensible, dada la proliferación de micro-partidos en el pasado, y puede ayudar a desarrollar un sistema de partidos estable y funcional. Pero no hay lugar para la politización de la administración electoral, y el principio democrático de la inclusión debe guiar a las autoridades electorales en la toma de todas las decisiones sujetas a su discreción.

El Centro Carter tiene la intención de enviar una segunda misión de estudio a Nicaragua a principios de noviembre para observar la elección municipal. Nos reuniremos de nuevo con los partidos políticos y los candidatos, así como con las autoridades electorales y los medios de comunicación. Esperamos poder informar entonces de nuestra total satisfacción con la campaña electoral y los preparativos para la votación.

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